El presidente libertario resolvió cancelar tanto la jubilación especial de la ex mandataria como la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, tras la ratificación de su condena por corrupción en la megacausa de Vialidad. La medida generará un ahorro anual de más de $21 millones, equivalente a unos 600 videojuegos importados.
Luego de la reciente ratificación de la condena judicial contra Cristina Kirchner por la Cámara de Casación Penal, el Gobierno anunció este jueves la cancelación de su jubilación de privilegio y la pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. Esta decisión fue informada en conferencia de prensa por Manuel Adorni, vocero oficial del Gobierno.
“Por orden del presidente Javier Milei y a través de la ANSeS, bajo el Ministerio de Capital Humano, se decidió dar de baja la asignación de privilegio que venía percibiendo la ex presidenta, tanto en su pensión personal como en la derivada por Néstor Kirchner,” señaló Adorni. Según estimaciones oficiales, la eliminación de estos beneficios representará un ahorro para el Estado de $21.827.624,65 anuales.
Fundamentos de la decisión
La medida se tomó luego de que la Cámara de Casación confirmara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa Vialidad. Ante esta situación, el Gobierno explicó que la baja de los beneficios responde a “la indignidad” que implica la condena, destacando que estas asignaciones están previstas en la Ley N° 24.018, que otorga una asignación graciable en reconocimiento al “honor y buen desempeño” del cargo.
“El comportamiento de Cristina Kirchner contradice los principios de honor, mérito y desempeño ejemplar que justifican estos beneficios,” señaló el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano. En esa línea, se consideró inadmisible que una persona condenada por corrupción siga recibiendo fondos públicos bajo estos conceptos.
Posición del Gobierno
Con esta decisión, la administración de Milei refuerza su postura de “cero tolerancia” hacia la corrupción, priorizando la transparencia y el uso eficiente de los recursos del Estado. “Durante este gobierno, no se destinarán fondos a quienes han sido condenados por delitos contra la administración pública,” enfatizó Adorni.
El anuncio se enmarca dentro de las reformas que impulsa el Gobierno para reducir el gasto público y eliminar beneficios que considera injustificados en función de la conducta de sus beneficiarios.
