Las autoridades nacionales están impulsando cambios en el régimen antidumping para prevenir abusos y asegurar una revisión más efectiva de las medidas proteccionistas. La propuesta busca limitar la duración y magnitud de las medidas antidumping, permitiendo una mayor competencia y acceso a productos a precios más bajos para los consumidores. La reforma pretende evitar la protección indefinida de sectores que podrían haber cambiado con el tiempo, fomentando un mercado más justo y competitivo.
Mientras algunos sectores industriales presionan al Gobierno para que mantenga las políticas proteccionistas que han causado daño al país, las autoridades nacionales están considerando ajustes en el régimen antidumping que podrían no satisfacer a los empresarios.
El equipo económico de Javier Milei está evaluando estas modificaciones con el objetivo de evitar abusos y prevenir la prolongación indefinida de medidas diseñadas para restringir la entrada de bienes a precios bajos. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), presidida por María José Suárez Villabona, está revisando estos cambios. Fuentes del equipo económico indicaron que se busca “agilizar el trámite” mientras se limitan los plazos de vigencia de las medidas y, en algunos casos, los derechos compensatorios, dependiendo de su impacto en los consumidores.
La Unión Industrial Argentina (UIA) está involucrada en el proceso y ha programado una reunión técnica con la CNCE. La UIA considera que un régimen más ágil y con menos trámites burocráticos sería un avance, así como la posibilidad de que el Gobierno implemente medidas preventivas durante la investigación. Sin embargo, la UIA critica que estos cambios podrían significar una “reducción en la protección efectiva”, ya que se propone una menor duración de las medidas y la adopción de precios de referencia regionales.
Actualmente, una medida antidumping se aplica tras varios meses de investigación para evaluar si una importación “causó daño y su magnitud”. Durante este tiempo, se pueden imponer medidas preventivas. Una vez establecida, la medida antidumping tiene una vigencia de cinco años, renovable indefinidamente a solicitud del sector afectado. Con las modificaciones propuestas, las medidas tendrán una duración de entre dos y tres años, renovables solo una vez por el mismo período, tras una nueva evaluación.
¿Qué es el dumping?
El “dumping” ocurre cuando un producto se exporta a un precio inferior al del mercado interno del país de origen. Para aplicar medidas antidumping, no solo se debe demostrar la existencia de dumping, sino también que las importaciones causaron “daño a la producción nacional”. Los derechos antidumping que se pueden aplicar son:
- Derechos Ad Valorem: Un porcentaje sobre el valor del bien importado.
- Derechos Específicos: Una cantidad fija en dólares por unidad del bien importado.
- FOB Mínimos: Un valor mínimo por unidad de producto que debe cumplir la importación para ingresar al mercado argentino.
En Argentina, se utilizan estos tres tipos de medidas antidumping, y estos mecanismos seguirán vigentes con las modificaciones propuestas. Sin embargo, se espera que haya ajustes en la magnitud y extensión de las medidas, con una reducción en los derechos antidumping y una duración más corta de las medidas, enfocándose en la renovación basada en la continua prueba de daño.
El Gobierno también pretende evitar la prolongación excesiva de medidas proteccionistas sin un análisis adecuado del daño. Algunas medidas antidumping han estado vigentes por más de 20 años, lo que puede distorsionar el mercado y encarecer los productos para los consumidores. La intención es asegurar que las medidas antidumping sean efectivas y justas, evitando la protección indefinida de sectores que pueden haber cambiado con el tiempo.
