En medio de la convocatoria a una masiva marcha por parte de las universidades nacionales para exigir una actualización presupuestaria, surge un cuestionamiento sobre la gestión de recursos. Un análisis detallado revela importantes inversiones en áreas relacionadas con estudios de género, mientras persisten problemas financieros para cubrir necesidades básicas.
El 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para exigir una actualización del presupuesto educativo por parte del Gobierno Nacional. Aunque el Ministerio de Capital Humano confirmó aumentos del 170% para gastos operativos y un 70% adicional para hospitales universitarios, la convocatoria se mantiene como una resistencia política.
En este contexto, los estudiantes, indignados por la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué se gastan los recursos universitarios y por qué se argumenta falta de fondos para temas básicos como el pago de facturas de servicios, o la actualización de salarios docentes.
En un primer análisis, se enfocaron en revisar los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que, según algunos, podría recortarse sin perder calidad educativa. Se señala un fuerte gasto en áreas relacionadas con estudios de género en diversas universidades nacionales. Por ejemplo, se mencionan un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género en la Facultad de Psicología de la misma institución.
Otras universidades también destinan recursos públicos a programas y cursos relacionados con género, como la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, entre otras.
En un análisis más detallado, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementar políticas de género. Por ejemplo, la UBA tiene una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, entre otros.
Se observa un contraste entre estos gastos y la falta de fondos para cubrir necesidades básicas, como el pago de servicios o salarios. Por ejemplo, se menciona el caso de la Facultad de Medicina de la UBA, que recientemente cortó la luz debido a problemas financieros, pero que destina recursos a un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo.
La situación se replica en otras universidades, como la Universidad Nacional del Litoral, que cuenta con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Esto plantea interrogantes sobre la gestión y prioridades de los recursos universitarios, en un contexto de reclamos por falta de fondos.
