El gobierno de Javier Milei decide poner bajo revisión y suspender la apertura de cinco nuevas universidades creadas durante la gestión anterior entre el kirchnerismo y el radicalismo, como parte de un esfuerzo por garantizar la eficiencia y calidad en la educación superior. Esta medida busca asegurar que el proceso de creación y funcionamiento de estas instituciones se ajuste adecuadamente a los requisitos legales y presupuestarios, en beneficio de la excelencia educativa en Argentina.
El gobierno de Javier Milei ha decidido tomar medidas respecto a las cinco nuevas universidades creadas por el Congreso Nacional durante la gestión de Alberto Fernández, en una polémica sesión donde varios legisladores de Juntos por el Cambio se unieron al kirchnerismo en su aprobación.
Tras votar en contra de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para evitar un aumento en el déficit fiscal, la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se unieron al Frente de Todos para crear estas nuevas instituciones educativas, lo que incrementaría el déficit fiscal.
Se ha señalado que este movimiento fue resultado de un acuerdo entre el senador Martín Lousteau y el diputado Emilio Yacobitti, quienes lideran Franja Morada, con el objetivo de expandir la presencia del ámbito educativo universitario. Entre las universidades creadas se incluye la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, fundada por la fallecida Hebe de Bonafini, que estaba destinada a ser dirigida por la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Además, se estableció la creación de la Universidad Nacional de Pilar, asignada al kirchnerista Federico Achával, la Universidad Nacional de Ezeiza, bajo la jurisdicción del intendente Gastón Granados, la Universidad Nacional del Delta, con presupuesto a cargo de Sergio Massa, y la Universidad Nacional de Río Tercero, en Córdoba, que sería dirigida por Martín Lousteau.
Estas universidades tenían previsto comenzar sus actividades académicas en marzo, y sus generosos presupuestos se consideraban como potenciales fuentes de financiación política. Sin embargo, la Secretaría de Educación, a través del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h.), ha decidido ponerlas bajo revisión, auditarlas y suspender su apertura.
La resolución, fundamentada en evitar la duplicación de estructuras y garantizar la calidad educativa, establece un proceso de revisión exhaustiva para determinar si el procedimiento administrativo para la creación de estas universidades se cumplió adecuadamente, si se cumplen las condiciones establecidas y si se cuenta con el presupuesto necesario.
Esta medida también incluye dejar sin efecto las resoluciones que autorizaban la apertura de estas universidades, firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
