Un nuevo y decisivo decreto de Javier Milei cerró la canilla a las dos reservas políticas centrales para Axel Kicillof y Juan Grabois. Estas medidas -la eliminación de un fondo y el recorte severo del otro- corroboran la decisión inquebrantable del presidente de ajustar el gasto público, pese a las presiones de los políticos de la casta, que ahora amenazan en tono chavista al Ejecutivo Nacional.
El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha tomado la determinación de implementar dos medidas destinadas a eliminar las significativas reservas que manejaban Axel Kicillof y Juan Grabois.
El líder libertario ha dejado claro que el ajuste es inevitable. El presidente está decidido a abordar las reservas controladas por diversos sectores políticos para sanear las cuentas estatales. La decisión de continuar con un plan de ajuste ortodoxo es firme, y como parte de este proceso, varias reservas a las que la política estaba acostumbrada a acceder irán desapareciendo.
Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires (FFPBA)
Mediante el decreto 192/2024, el gobierno ha optado por eliminar por completo el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires (FFPBA), una de las reservas importantes manejadas por el gobernador Axel Kicillof.
Este fondo fue creado por el expresidente Alberto Fernández en 2020, utilizando fondos provenientes de los porteños que se les habían quitado en concepto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su momento, el Fondo centralizaba los fondos que habían sido retirados inconstitucionalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma, bajo el pretexto de “sostener el normal funcionamiento de las finanzas” y pagar los salarios de la Policía Bonaerense en la provincia.
El dinero retirado de los porteños dejó un gran agujero fiscal, que el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta intentó subsanar introduciendo un impuesto a las tarjetas de crédito y expandiendo el impuesto a los sellos.
Los firmantes del decreto fueron el propio Javier Milei, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete, quienes en el decreto justificaron su decisión. Declararon que era facultad del ejecutivo tomar esta decisión y que la misma estaba en línea con “un ajuste necesario a nivel nacional”.
Además, señalaron que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.
Explicaron que “ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
Así, el gobierno ha expuesto ante la sociedad la necesidad de realizar un ajuste y cómo la eliminación del FFPBA es esencial en este proceso. “Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central (…) no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”, dictaminaron.
Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
En segundo lugar, el Gobierno Nacional ha decidido modificar otro decreto para afectar la financiación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Este fondo, también creado en 2020 por Alberto Fernández, era financiado con el 30% del impuesto PAIS y estaba destinado a esta herramienta fiduciaria que quedó bajo el control de personas afines a Juan Grabois, quienes manejaban una reserva multimillonaria.
En teoría, se utilizaba para la urbanización de barrios populares, pero en la práctica, funcionaba como la reserva de los movimientos sociales vinculados al ex candidato presidencial de Unión por la Patria.
Anteriormente, del total del impuesto PAIS, el 70% se destinaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), mientras que el 30% restante se distribuía entre infraestructura económica, el FISU y el turismo nacional. Antes, el FISU recibía el 30% de esa distribución, ahora recibirá solo el 1%.
