A pesar de los persistentes desequilibrios fiscales en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó un aumento del 25% en los salarios de empleados públicos, mientras enfrenta un déficit que lo lleva a solicitar autorización para incrementar la deuda externa. Las medidas fiscales irresponsables del keynesiano generan preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de la provincia.
Kicillof, quien busca confrontar con el presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027, ha anunciado un aumento del 25% en los salarios de los empleados públicos locales, una partida que representa una parte significativa del presupuesto general. Sin embargo, la provincia no solo carece de recursos para afrontar estos pagos, sino que también no logra cubrir sus gastos corrientes con ingresos genuinos, manteniéndose como una de las pocas jurisdicciones del país con un déficit fiscal primario.
El superávit financiero del 0,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial dejado por la exgobernadora María Eugenia Vidal se ha convertido en un déficit del 0,1% en 2020, 0,2% en 2021 (a pesar de superar la pandemia) y otro 0,2% para 2022. Ante esta situación, el presupuesto bonaerense para 2023 fue aprobado con déficit, y se espera la ejecución de un nuevo proyecto deficitario para el presente año.
Frente a este escenario fiscal, Kicillof ha respondido con un aumento significativo de impuestos, abarcando la tasa inmobiliaria, el impuesto automotor (patentes) y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), esta última siendo la principal fuente de ingresos según el presupuesto. Sin embargo, estos aumentos impositivos se consideran insuficientes para cubrir la brecha de gastos, lo que llevó al gobernador a solicitar a la legislatura bonaerense la autorización para incrementar la deuda externa en US$ 150 millones. Este endeudamiento adicional busca aliviar el perfil de vencimientos crediticios y financiar obras públicas ya iniciadas.
