El presidente Javier Milei marca un hito al firmar un DNU que deroga más de 300 leyes, incluyendo una docena de legislaciones arraigadas desde las dictaduras en Argentina. Este ambicioso decreto busca desregular la economía y modernizar el Estado, eliminando controles gubernamentales que han perdurado por más de 50 años.
El presidente Javier Milei ha marcado un hito en su mandato al firmar un contundente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a desregular la economía y modernizar el Estado argentino. Este decreto, que implica la derogación y modificación de más de 300 leyes, representa un cambio radical en la estructura económica del país.
Un aspecto destacado del decreto es su revocación de una docena de leyes remanentes de distintas dictaduras en Argentina. Estas leyes, que abarcaban diversos sectores económicos, permanecieron intocadas durante más de 50 años, incluso en períodos democráticos, como herramientas de influencia gubernamental sobre empresas y transacciones internas.
De manera cronológica, el decreto de Milei anula la Ley de Promoción Comercial, la Ley de Regulación del Ejercicio de la Medicina y la Ley de Regulación Farmacéutica, todas originadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en las décadas de 1960 y 1970.
Dentro de este extenso decreto, también se derogan la Ley de Compre Nacional, la Ley de Regulación del Ganado, la Ley de Regulación Azucarera, la Ley de Regulación Vitivinícola y la Ley de Regulación Hotelera, legislaciones promulgadas por decreto durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, quien encabezó el Ejecutivo entre 1970 y 1971.
Adicionalmente, se revoca la Ley de Regulación de Mercados Mayoristas y la Ley de Producción de Algodón, ambas aprobadas durante el mandato del presidente militar Alejandro Agustín Lanusse, quien gobernó de 1971 a 1973.
Finalmente, el jueves pasado, Milei derogó el Código Aduanero, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Monopolio del Banco Nación, todas promulgadas por el dictador Jorge Rafael Videla, quien presidió el país entre 1976 y 1981. Estas leyes, impulsadas por el entonces Ministro de Economía José Martínez de Hoz, cerraron las importaciones y generaron consecuencias económicas, como la competencia desigual entre grandes y pequeñas empresas. La derogación de estas leyes busca fomentar la competencia y ofrecer al Estado opciones más variadas en servicios bancarios y otros sectores.