A solo 10 meses de asumir el cargo, el Gobierno de Lula da Silva ha registrado un déficit financiero récord del 6,12% del PBI, desafiando los esfuerzos previos de consolidación fiscal. Las políticas de gasto y emisión de deuda han elevado la brecha fiscal y aumentado el stock de deuda pública, mientras que la inflación se mantiene en un 4% anual gracias a la autonomía del banco central heredada de la gestión anterior.
El Gobierno brasileño liderado por el presidente Lula da Silva ha vuelto a desequilibrar las finanzas públicas de Brasil, a pesar de los esfuerzos realizados por la administración anterior. Según las estadísticas de la autoridad monetaria brasileña, el déficit financiero total del Gobierno federal alcanzó el 6,12% del PBI al cierre de octubre, marcando el récord más significativo de los últimos 27 meses.
Cuando Lula asumió el cargo en enero de 2023, el déficit financiero no superaba el 4,4% del PBI. Sin embargo, en tan solo 10 meses de administración socialista, este desequilibrio se ha incrementado en más de 1,7 puntos porcentuales del producto bruto.
Un logro destacado de la gestión anterior, encabezada por Jair Bolsonaro, fue la consecución del primer superávit primario desde 2014. No obstante, la administración de Lula revirtió esta tendencia, convirtiendo ese superávit en un déficit que superó el 1% del PBI en octubre.
En resumen, el Gobierno federal de Brasil, sin tener en cuenta a los Estados locales ni a los más de 5,000 municipios, enfrenta dificultades para financiar sus gastos corrientes con ingresos tributarios genuinos, y mucho menos para pagar los servicios de la deuda pública, que ya superan el 5% del PBI.
Las políticas del oficialismo han ampliado la brecha fiscal mediante un crecimiento irresponsable del gasto público. Se eliminó el techo nominal de gastos implementado por los expresidentes Temer y Bolsonaro, y se optó por financiar los desequilibrios mediante la emisión de nueva deuda.
El stock de deuda pública neta del Gobierno federal ha aumentado del 48% al 50,5% del PBI durante la administración de Lula da Silva, alcanzando niveles no vistos desde noviembre de 2021.
A pesar de estos desafíos económicos, la tasa de inflación de Brasil se mantiene cerca del 4% anual, en línea con el rango establecido por la autoridad monetaria. Esto se atribuye a la Ley de Autonomía heredada de Bolsonaro, que impide que el poder político utilice el banco central como una fuente de financiamiento para sus objetivos, algo que ocurría antes de 2021. De no ser por esta ley, el deterioro actual de las finanzas públicas podría haber tenido un impacto más grave en la política monetaria.
