La actual administración denunció un esquema que operaba desde 2016, bajo el gobierno de Cambiemos, y que habría continuado durante la gestión del Frente de Todos. Esta red protegía información sensible de políticos y empresarios relacionados con casos de corrupción.
El Gobierno de Javier Milei reveló la existencia de una estructura dentro de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinada a restringir el acceso a información fiscal sobre dirigentes políticos y empresarios vinculados al macrismo y al kirchnerismo. Según el diario Clarín, esta red habría comenzado a operar en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y persistió en la gestión del Frente de Todos.
Entre los nombres destacados se encuentran figuras como Lázaro Báez, condenado por defraudación al Estado, y Alejandro Vandenbroele, involucrado en el caso Ciccone. La denuncia incluye a 51 empresas y personas físicas protegidas por este sistema, que evitaba auditorías y controles habituales realizados por el organismo fiscal.
El esquema denunciado consistía en clasificar la información de ciertos contribuyentes como confidencial, asignándoles un tratamiento exclusivo dentro del sistema informático de la AFIP. Esta categoría, originalmente reservada para figuras como el presidente de la Nación, habría sido utilizada de forma discrecional para proteger a políticos y empresarios investigados por corrupción.
El actual administrador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, confirmó que la estructura fue descubierta al asumir la nueva gestión. “Detectamos irregularidades que impedían el acceso a información clave sobre el patrimonio y las operaciones económicas de personas y empresas vinculadas a los gobiernos anteriores”, señaló.
Entre los nombres mencionados figuran empresas como Austral Construcciones, Hotesur y Los Sauces, todas vinculadas al entorno kirchnerista. También se encuentran compañías como Oil Combustibles y figuras como Cristóbal López y Florencia Kirchner.
El listado incluye a empresarios y dirigentes de ambos espectros políticos, evidenciando un esquema transversal. Según la denuncia, este mecanismo operó de forma continua durante las gestiones de Cambiemos y el Frente de Todos, lo que plantea interrogantes sobre el uso de recursos del Estado para encubrir delitos financieros.
La nueva dirección de ARCA prometió auditar y transparentar la base de datos fiscal para garantizar el control igualitario de los contribuyentes. Mientras tanto, se investigará la posible participación de antiguos funcionarios en este esquema que, según la denuncia, perjudicó la confianza en el sistema tributario argentino.
