La administración libertaria de Javier Milei inició una exhaustiva revisión de más de 2200 contratos celebrados sin licitación entre ministerios y universidades de todo el país. La auditoría, a cargo de la SIGEN, busca detectar posibles desvíos de fondos y subcontrataciones irregulares en convenios cuyo valor llega hasta los $170 millones. Números en orden y purga en los reductos de la casta.
El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una auditoría integral de más de 2200 contratos celebrados en los últimos años entre ministerios, organismos públicos y diversas universidades del país. Esta revisión, a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), tiene como fin examinar el uso de los fondos involucrados en estos convenios, cuyo valor varió entre $2 y $170 millones por contrato.
Dado que estos acuerdos se realizaron sin licitación, la SIGEN, bajo la dirección de Miguel Blanco, ha expresado inquietud y mantiene un fuerte hermetismo sobre los resultados preliminares. El objetivo central es identificar si las universidades gestionaron directamente los recursos o si fueron subcontratados, lo que podría implicar desvíos o malversación.
Pese a que la SIGEN no puede auditar directamente a las universidades por una resolución firmada en 2022 por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, el gobierno ha encontrado mecanismos legales para ampliar el control sobre estos contratos. Las instituciones involucradas incluyen ministerios clave como los de Ciencia, Turismo y Seguridad, así como varias universidades de renombre, entre ellas la UBA, la Universidad de La Matanza y la del Oeste.
