El presidente justificó el veto a la ley aprobada por el Congreso argumentando su inviabilidad fiscal y falta de financiamiento. En paralelo, el Gobierno anunció un bono de 70 mil pesos que elevará la jubilación mínima a 300 dólares. El decreto advierte sobre el impacto económico de la medida y pide responsabilidad al Poder Legislativo.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la reciente ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Senado, argumentando su inviabilidad fiscal. El decreto de veto, firmado el viernes por la noche y publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, oficializa la decisión. Como parte de una medida complementaria, el Gobierno anunció un bono extraordinario de 70 mil pesos para los jubilados, ajustado al sistema de actualizaciones vigente.
Con este bono, la jubilación mínima se elevaría a aproximadamente 300 dólares, una mejora significativa respecto a los 80 dólares que percibían los jubilados al final del mandato de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Milei explicó su decisión de vetar la ley tras reunirse con legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados en la Cámara baja. El decreto 782/2024 justifica el veto argumentando que la ley aprobada por el Congreso es “violatoria del marco jurídico vigente” por no considerar el impacto fiscal ni establecer una fuente de financiamiento clara. Además, el decreto señala fallas técnicas y operativas que complicarían su implementación.
El Gobierno instó al Poder Legislativo a actuar con responsabilidad, evitando aprobar medidas que puedan desestabilizar las finanzas públicas o contradecir las previsiones del Presupuesto Nacional. Subrayaron la importancia de administrar los recursos públicos de manera responsable, siempre en beneficio del bien común.
Impacto fiscal y económico de la ley vetada
El decreto advierte que la ley podría comprometer la sostenibilidad del sistema previsional, generando futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios debido a la falta de una fuente de financiamiento específica. Según el Ejecutivo, el impacto fiscal de la ley alcanzaría los 6.160.000.000.000 pesos en 2024 y los 15.430.000.000.000 pesos en 2025, representando un 1,02% del PBI proyectado para 2024 y un 1,64% para 2025.
Estos montos implicarían un incremento del 18,5% en el gasto previsional para 2024 y del 29,2% para 2025 en los gastos de la ANSES. Comparado con el gasto primario de la Administración Nacional, la medida supondría un aumento aproximado del 8% en el presupuesto anual.
El enfoque del gobierno para estabilizar la economía
El Gobierno reiteró su compromiso con alcanzar la emisión monetaria cero como estrategia para combatir la inflación y proteger el poder adquisitivo de los argentinos. La implementación de la ley vetada, según el Ejecutivo, pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, obligando a recurrir a financiamiento extraordinario mediante deuda pública o aumento de impuestos.
Tras el veto, el Congreso podría insistir en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lo que requeriría una nueva votación en ambas Cámaras con el apoyo de dos tercios de los miembros presentes.
Reacciones y alianzas políticas
Desde la sanción de la ley, el Gobierno ha trabajado para consolidar su apoyo entre legisladores aliados, incluyendo al PRO y al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El viernes, Milei se reunió con los principales dirigentes para explicar las razones del veto y asegurar el respaldo del PRO, a pesar de que sus legisladores votaron a favor de la actualización jubilatoria.
La ley vetada proponía una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, y añadía una compensación extra del 8,1% para cubrir la inflación no contemplada en el aumento previo del 12,5%.
Comunicado oficial y bono extraordinario para jubilados
Después de la sanción de la ley, la Oficina del Presidente emitió un comunicado calificando el proyecto como “irresponsable, ilegal e inconstitucional”, criticando su falta de previsión presupuestaria y advirtiendo sobre las consecuencias de retomar políticas económicas que han fracasado en el pasado.
