El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evitó pronunciarse sobre el fraude electoral en Venezuela, remitiendo las preguntas a la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras la violencia estatal sigue en las calles y el Centro Carter denuncia graves irregularidades en los comicios.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, abordó brevemente la situación política y social en Venezuela tras las elecciones del pasado domingo, sin condenar el supuesto fraude cometido por Nicolás Maduro.
“Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano, en paz, dentro de la democracia”, declaró de manera cautelosa durante una conferencia de prensa. Posteriormente, agregó: “No tengo para dar declaraciones, pregúntenle a Cristina Kirchner”, su jefa política.
Se espera una declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner, programada para el próximo sábado, durante el cierre de un evento sobre la realidad política y electoral de América Latina que se llevará a cabo en la Ciudad de México.
Mientras tanto, la violencia estatal persiste en las calles de Venezuela. Las fuerzas policiales del régimen chavista rodean la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran seis opositores que han solicitado asilo político, junto con el personal diplomático argentino. Nicolás Maduro ha exigido que abandonen el país el día de hoy.
El Centro Carter emitió un comunicado detallando numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Además, enfatizó que no pudo verificar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”. El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas”, afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Los observadores señalaron una “parcialidad a favor del oficialismo” en detrimento de las candidaturas opositoras.
El Centro Carter destacó problemas específicos como la actualización del registro de electores con “numerosos inconvenientes”, incluyendo plazos muy cortos y escasa información pública. La situación fue más complicada para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del régimen fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Además, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.
A pesar del contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. El Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.
