La decisión de desestimar el caso penal contra Donald Trump en Florida marca un importante triunfo legal para el expresidente, quien enfrentaba acusaciones relacionadas con la retención de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago. Esta resolución llega después de casi tres años de intensas controversias y acusaciones políticas, ofreciendo a Trump un claro respaldo judicial frente a las acciones del gobierno actual.
La Justicia de Florida desestimó el caso penal presentado por el Fiscal General de Joe Biden contra Donald Trump, en el cual se le acusaba de retener documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago. La jueza de distrito Aileen Cannon tomó esta decisión el lunes, poniendo fin a casi tres años de acusaciones y controversias políticas dirigidas al expresidente y actual candidato. A pesar de la desestimación, los fiscales especiales de Biden tienen la intención de apelar ante el tribunal del 11º circuito y podrían buscar que el caso sea asignado a otro juez en caso de que se revierta la decisión.
El año pasado, Trump fue acusado de mantener documentos de seguridad nacional en Mar-a-Lago y de obstaculizar los intentos del gobierno por recuperarlos, incluso tras un controvertido allanamiento a sus propiedades en Florida. Trump se declaró inocente de los cargos.
Aunque el caso estuvo estancado durante mucho tiempo y la posibilidad de un juicio antes de las elecciones de noviembre parecía improbable, la decisión judicial representa una victoria legal significativa para Trump. Esta resolución llega mientras Trump se recupera de un intento de asesinato durante el fin de semana y se prepara para aceptar la nominación republicana en Milwaukee esta semana.
Los abogados defensores de Trump argumentaron diversas objeciones legales, incluyendo una cuestión técnica sobre la designación del fiscal especial Jack Smith, quien fue nombrado por el Fiscal General Merrick Garland de forma directa, en lugar de ser confirmado por el Congreso. La jueza Cannon, en una orden de 93 páginas, concedió una solicitud de la defensa para desestimar el caso, argumentando que el nombramiento de Smith violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución al no pasar por la aprobación legislativa.
“La posición del fiscal especial usurpa efectivamente esa importante autoridad legislativa, transfiriéndola a un jefe de departamento y en el proceso amenazando la libertad estructural inherente a la separación de poderes”, escribió la jueza Cannon en su orden. “Si los poderes políticos desean otorgarle al Fiscal General el poder de nombrar al Fiscal Especial Smith para investigar y procesar esta acción con todos los poderes de un Fiscal de los Estados Unidos, existe un medio válido para hacerlo”, agregó. “Ese mecanismo es mediante la aprobación del Congreso”.
