Durante su primer mandato como gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof solicitó la creación de 70.804 cargos públicos, a un ritmo de 50 nuevas contrataciones por día, según datos de la Legislatura. Esta política contrasta con el enfoque de ajuste propuesto por Javier Milei, quien eliminó varias partidas de ayuda fiscal a la provincia y hasta recortó en merenderos populares y medicamentos caros. Pese a las restricciones presupuestarias, Kicillof sigue ampliando el empleo público y aumentó impuestos para compensar los recortes.
Durante su primer mandato como gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof incrementó significativamente el empleo público en la provincia. En cuatro años, solicitó a la Legislatura bonaerense la creación de 70.804 cargos para distintos sectores de la administración provincial.
Estas contrataciones se traducen en un promedio de 48.3 nuevos empleados por día, a lo largo de los 1.460 días de su gestión. Es decir, se contrataron 50 personas diariamente durante los cuatro años de Kicillof al frente del gobierno.
Los datos están registrados en las leyes de presupuesto aprobadas por el Parlamento bonaerense para los periodos 2021, 2022 y 2023. En su primer año de gobierno, Kicillof tuvo que ajustar la ley de 2019 debido a la falta de acuerdo para un nuevo proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En 2024, la situación se repite: sin acuerdos con la oposición, no hay ley de Presupuesto.
El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe elaborado por asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR), integrante de la comisión de Presupuesto y Reforma Política. Este informe revela que, al final del primer mandato de Kicillof, había 709.974 empleados estatales en distintas áreas de la administración.
Según los técnicos que confeccionaron el informe, “cada uno de esos puestos está fijado en las leyes de Presupuesto. En cada confección de la ley, los ministros solicitan los cupos necesarios para cubrir las necesidades de sus áreas, que luego deben ser aprobadas por la Legislatura”.
Este registro no incluye los llamados “cargos políticos”, que se formalizan en la administración mediante otras normas o decretos. En este rubro, Kicillof también expandió significativamente la creación de cargos: hasta octubre de 2023, autorizó la incorporación de 1.852 funcionarios (ministros, secretarios, subsecretarios y directores provinciales). Estos formaban parte del esquema de los 20 ministerios y secretarías diseñados para la estructura gubernamental.
Este número representaba más del doble de los 769 funcionarios que finalizaron su mandato en diciembre de 2019 con Vidal. Tras el escándalo del viaje a Marbella del entonces jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el gobernador decidió eliminar esa repartición. También redujo la Jefatura de Gabinete de Asesores, creada para ubicar a Carlos Bianco, quien fue reemplazado por el ex intendente de Lomas de Zamora en 2021 tras la derrota en las elecciones de medio término y una reunión en Calafate con Cristina Kirchner.
Actualmente, según un informe elaborado por el diputado provincial Claudio Frangul (UCR), siguen en funcionamiento poco más de 1.800 funcionarios en 19 reparticiones públicas. “La jefatura de Asesores no se disolvió. Bianco dejó el cargo y pasó al Ministerio de Gobierno, pero la estructura continúa tal como estaba”, explicó Frangul.
Además, en ese espacio se crearon puestos para algunos ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Un caso específico es el de Marcela Cortiellas, quien era directora en el ex Ministerio de Mujeres de la Nación y ahora ocupa la dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los Trabajadores de la Jefatura de Asesores del Gobernador.
Tampoco se incluyen en el recuento de la ley de presupuesto los contratos, becas, locaciones de obra y otros formatos de empleo estatal que subsisten en las diferentes áreas. “Ese número es imposible de establecer porque las partidas salen de cada repartición y no hay control sobre eso”. Tampoco se contabilizan los asesores y colaboradores de la Legislatura, donde hay otro sector con áreas grises, que se evidenciaron con fuerza en el denominado escándalo de “Chocolate” Rigau.
El pago de los sueldos estatales representa el gasto más relevante del presupuesto bonaerense. Al cierre del ejercicio 2023, el compromiso con los más de 709.900 trabajadores representó un 42,36% del total del presupuesto.
El presupuesto de Axel Kicillof siempre recibió una ayuda significativa de partidas “discrecionales” enviadas por el Tesoro Nacional, que llegaron a representar más del 10% del total de recursos previstos para los años 2022 y 2023.
Esa ayuda política y despilfarro de dinero se cortó con la llegada de Javier Milei. El presidente suspendió el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte y otros programas. En menos de un cuatrimestre, Kicillof dejó de recibir casi $800 mil millones.
Sin embargo, en línea con su posicionamiento como firme populista y ultra peronista, Kicillof no piensa en reducir empleos públicos ni tiene previsto retrasar el salario de los estatales. Nada que lo pueda asociar a la “motosierra” o a la “licuadora” de Milei.
De forma totalmente contraria al ajuste del gasto y eliminación del déficit fiscal por parte del Gobierno nacional, en diciembre el gobernador consiguió la aprobación de una ley fiscal que contempló aumentos de hasta el 200% en los impuestos patrimoniales, tanto inmobiliario como automotor. Con la eliminación de descuentos que operaban, el incremento llega hasta el 270%.
