Una investigación en el Ministerio de Capital Humano saca a la luz un escándalo: la existencia de “comedores fantasmas” que recibían fondos estatales pero no brindaban asistencia. La ministra Sandra Pettovello presentó una denuncia penal por presunto fraude y negligencia en el control de los recursos destinados a los sectores vulnerables.
A medida que avanza el proceso de auditoría en el Ministerio de Capital Humano, se revelan nuevas irregularidades en la gestión pasada. En esta semana, la ministra Sandra Pettovello presentó una denuncia penal al descubrir que “casi el 50% de los comedores que supuestamente asistía el Gobierno anterior eran inexistentes, y uno incluso ‘funcionaba’ en un country”.
La denuncia se basa en presuntos “incumplimientos de deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. Según la normativa vigente, los funcionarios encargados de autorizar la distribución de alimentos para los sectores vulnerables debían supervisar el destino de la comida, identificar a los responsables de los establecimientos y verificar la cantidad de beneficiarios, pero nada de eso se cumplió.
Entre los “comedores fantasmas” denunciados se encuentran nombres como “Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”. Estos lugares, a pesar de recibir fondos millonarios del Ministerio de Desarrollo Social anterior, no funcionaban como comedores, y ahora están bajo investigación del actual Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.
Solo se pudo verificar la existencia y funcionamiento de la mitad de los comedores, un 52,3%, mientras que el resto, un 47,7%, no pudieron ser confirmados ni comprobados como centros de alimentación para los sectores vulnerables.
Además, se descubrió que el 32% de estos lugares funcionaron como comedores en algún momento, pero dejaron de hacerlo hace años. En cuanto a los datos de preinscripción, el 25% no coincide con la realidad, con direcciones inexistentes o sin comedores, y aproximadamente el 16% nunca tuvo un comedor en la dirección declarada.
La denuncia enfatiza la necesidad de un control efectivo sobre los fondos estatales destinados a la alimentación de los más necesitados, para evitar que la comida no llegue a quienes la necesitan y para prevenir que el Estado se convierta en proveedor de alimentos para intereses ajenos y deshonestos.
