El Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, destaca la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años como parte de un plan integral para abordar la creciente delincuencia juvenil en Argentina. La reforma busca una solución balanceada, no solo penalizando, sino también enfocándose en la reeducación y reinserción social de los menores infractores.
El Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, subrayó en una reciente entrevista su compromiso con la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, como parte de una estrategia integral para abordar la creciente delincuencia juvenil en Argentina.
Ante la actual ola de inseguridad que afecta al país en los últimos años, delitos como robos y homicidios han proliferado entre criminales menores de edad. La legislación vigente, que establece que los menores de 16 años no son punibles, no se ajusta a las necesidades actuales de seguridad en 2024.
El ministro de Milei señaló que la reducción de la edad de imputabilidad no implica abandonar la búsqueda de la reinserción social de los menores. “Necesito encontrar qué hacer con el chico de 14 años imputado del delito, no me sirve la cárcel. Hay que reeducarlo, que vaya a un lugar digno sino estamos haciendo una cuota de delincuentes”, afirmó.
Cuneo Libarona anticipó que esta reforma se está diseñando actualmente como parte de la revisión del Código Penal propuesta por el gobierno de La Libertad Avanza: “La baja de imputabilidad es un tema que va al Código Penal así que eso va a venir en una segunda etapa para el mes de enero”.
En comparación con otros países de la región, como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay, que han establecido la edad de imputabilidad en 14 años o menos, Argentina busca ajustar su marco legal para abordar eficazmente la delincuencia juvenil.
El actual Régimen Penal de Minoridad, creado en 1980 y reformado en 1983, establece la inimputabilidad de los jóvenes entre 14 y 16 años, una norma que se percibe como obsoleta y contradictoria. El gobierno se propone abordar este problema y encontrar soluciones efectivas para la reinserción de los menores en conflicto con la ley.
