El Presidente electo prometió llevar a cabo un ajuste de por lo menos 5 puntos del PBI para el primer año de Gobierno, concentrando esfuerzos en recortar transferencias discrecionales, subsidios, gastos administrativos, obra pública, y lanzando un ambicioso programa de privatizaciones.
El Presidente Javier Milei se pronunció al respecto del necesario ordenamiento de las finanzas del Estado. Anunció un shock fiscal que comenzará a partir del próximo 10 de diciembre, anticipando que no hay espacio alguno para el gradualismo.
A partir del mismo día de la asunción, el Presidente Milei dará a conocer los lineamientos fundamentales de su programa, y revelará con lujo de detalle la situación de partida que dejan los cuatro años de Gobierno kirchnerista, corrigiendo así el error que se cometió en el año 2015.
Milei prometió el cumplimiento irrestricto de los contratos y las obligaciones asumidas por el Estado argentino, incluyendo a las Leliq y a la propia deuda pública. A estos efectos, y como piedra angular para cualquier plan de estabilización, se avanzará rápidamente hacia el déficit cero con un ajuste estimado en los 5 puntos del PBI.
Esta vez, el ajuste lo va a pagar el Estado. El programa del Presidente electo lanzará un ambicioso rediseño del sistema de obras públicas del país, importando el sistema de iniciativa privada que funciona en Chile exitosamente desde hace décadas.
Esto permitirá reducir considerablemente los gastos del sector público en obras en donde agentes privados tengan interés por invertir (por ejemplo el sistema nacional de rutas). Para las obras que ya están en curso, se hará un llamado a licitación para limitar los desembolsos más próximos del Estado nacional, y se llevará a cabo una racionalización general de los proyectos ya ideados para contener el gasto público.
El equipo económico del Presidente entrante prepara además un ambicioso programa de privatizaciones, que incluye a empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, y los medios públicos en manos del Estado, entre muchas otras entidades.
Los gastos del Gobierno nacional en “producción primaria” de bienes y servicios alcanza a representar el 0,12% del PBI, y el déficit de las empresas públicas supera el 1% del producto. Por otra parte, los ingresos por privatizaciones podrían impactar significativamente en el balance de base caja del Estado (la venta de YPF en 1999 llegó a reportar ingresos de hasta 2 puntos del PBI), además de generar confianza en los inversores que analizan entrar en el país.
Se recortarán gastos innecesarios para mantener el funcionamiento del Estado nacional (principalmente administrativos), y se avanzará con un rediseño de los pliegues de licitación con las empresas proveedoras de servicios públicos, para comenzar a recortar los subsidios económico en esta área (que superan el 2% del PBI en energía y casi el 1,2% en transporte).
El Estado podría extender los contratos de concesión, desregular la distribución de dividendos y negociar una quita del impuesto a las Ganancias reinvertidas, entre otras disposiciones, a cambio de reducir el monto de subsidio que reciben las empresas. El ajuste por precios (tarifas) solo se efectuará por el remanente de todas estas operaciones.
(La Derecha Diario)
